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Atrás El Ayuntamiento y las familias de Astigarraga acuden al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por delitos de genocidio o lesa humanidad cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista
10·10·2025

El 15 de septiembre de 2023 el Ayuntamiento de Astigarraga interpuso la querella en los juzgados de Donostia. En dicha querella se denunciaron los casos de Joseba Barandiaran Urkola, Segundo Mendiguren Aramburu, Leandro Lujanbio Lasa, Rafael Boulandier Garai, Tomás Alba Irazusta y Sabino Barandiaran Arretxe.
Desaparición en el frente, ejecuciones sin juicio, guerra sucia... son varios los hechos denunciados, todos ellos considerados crímenes contra la humanidad. En base a la legislación internacional, los tribunales locales deberían investigar estos hechos y adoptar las medidas oportunas para juzgar y, en su caso, sancionar a las personas responsables.
Sin embargo, ante la negativa de los tribunales a investigar lo denunciado en la querella, el Ayuntamiento y las familias han interpuesto diversos recursos ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y ante el Tribunal Constitucional español, respectivamente. En todos ellos, la petición ha sido denegada y, en base a la Ley de Amnistía de 1977, se ha rechazado investigar a los denunciados, alegando que dicha ley prohíbe investigar hechos anteriores a 1977.
Tras recorrer este camino y agotar todos los pasos en el sistema de justicia español, y ante la negativa de investigar los crímenes del franquismo y la grave vulneración de los Derechos Humanos, las familias y el Ayuntamiento han decidido acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Ayuntamiento y las familias consideran que los hechos denunciados son crímenes de lesa humanidad cometidos durante la sublevación franquista o durante el franquismo y que, en base a la legislación internacional, no habría una fecha límite para investigar estos crímenes y que cualquier juzgado local e internacional sería competente para investigarlos. Por ello, el Ayuntamiento y las familias consideran que las decisiones de los tribunales locales de no investigar el asunto son contrarias al Derecho internacional y, precisamente por ello, han acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
